13 Congreso Nacional AMER 2021
22, 23, 24 y 25 de junio de 2021
Las sociedades rurales entre coyunturas y desigualdades:
Múltiples realidades y futuros
DECLARATORIA
Del 22 al 25 de junio de 2021 se realizó el 13º Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, bajo modalidad virtual conforme a las acciones dictadas por la Secretaría de Salud para atender la emergencia sanitaria por la pandemia por COVID-19. Coyuntura que modificó la forma en la que cada dos años damos a conocer los resultados de nuestras investigaciones y vinculación con diversas organizaciones, también desencadenó cambios en la vida de las sociedades rurales de nuestro país, que profundizaron sus contradicciones y desigualdades sociales, pero mantienen su capacidad para enfrentar retos y construir alternativas.
Así, el 13º Congreso de la AMER tuvo como objetivo reconocer y analizar las particularidades de las confrontaciones, retos y resistencias que actualmente envuelven a la población del campo mexicano, así como visibilizar la diversidad de escenarios y maneras en que se reproduce la vida rural, y las alternativas que emergen dando continuidad a las viejas y nuevas utopías.
En este marco, se contó con 410 ponencias organizadas en 80 mesas de trabajo registradas en cuatro Ejes Temáticos: 1. Despojo y conflictos socio territoriales y resistencias; 2. Persistencias y cambio en las dinámicas sociales y productivas; 3. Alternativas y organización social; y, 4. Acción política y Estado. Con las diversas voces que se reunieron en las cuatro Mesas de Debate, fue posible escuchar distintas posturas y analizar diversas iniciativas, proyectos y políticas que debaten la solución de añejos problemas rurales, así como la direccionalidad de la transformación nacional.
Las experiencias, testimonios e información recuperada en distintos puntos del país, señalan que la búsqueda del crecimiento económico, como una solución a las crisis múltiples que enfrentamos desde hace décadas, no puede ser a costa de los recursos y la reproducción de la vida en las comunidades indígenas, campesinas y afromexicanas. Nuevamente, como en anteriores congresos, fue motivo de preocupación el despojo que sobre sus bienes y recursos sufren las mujeres y hombres del campo, resultado de la implementación de megaproyectos extractivos; de producción, distribución y conducción de energía; de infraestructura; turísticos; industriales y de urbanización.
Las dinámicas sociales y productivas que persisten en el campo mexicano, muestran regiones y sujetos sociales insertos en procesos productivos, comerciales y laborales que, desde sus diferencias y particulares contradicciones, revelan de lo que está hecho el desarrollo rural en México y la necesidad de modificar efectivamente la transición democrática para dar salida a los problemas de producción y comercialización de los pequeños productores; al trabajo infantil; a la falta de opciones para que las y los jóvenes, cada vez más escolarizados, sigan arraigados a sus comunidades; a la histórica discriminación de las mujeres; a la falta de reconocimiento de los pueblos indigenas, campesinos y afromexicanos para el ejercicio pleno de sus derechos humanos y sobre sus territorios; y, entre otros problemas, a la violencia rural ejercida en las comunidades por el crimen organizados que ha roto el tejido social.
Frente a estas problemáticas, el denominador común de las comunidades rurales ha sido la resistencia, la defensa y el desarrollo de estrategias para conservar sus territorios y las propias formas de vida. Luchas que han tenido en las mujeres y los jóvenes a sus principales protagonistas, que recuperan la experiencia y hacen alianzas con otras organizaciones sociales y productivas, y han propuesto el desarrollo comunitario como alternativa, que, a partir del rescate de sus memorias y saberes locales, les permiten construir propuestas agroecológicas enfocadas a la sustentabilidad y la protección de sus patrimonios bioculturales como territorios de vida.
Fue motivo de análisis la compleja relación entre el Estado y las comunidades rurales, la relevancia de las políticas públicas para el campo y el respeto de los derechos políticos y los derechos humanos de la población indígena, campesina y afromexicana. En este sentido, el cambio de régimen y la 4ª Transformación propuestos por el actual gobierno federal fue motivo de discusión y detenidas reflexiones. No obstante que se reconocieron sus beneficios y avances para el campo y sus habitantes, también se destacaron sus contradicciones y el camino que aún tiene por recorrer para romper inercias y viejas prácticas que impiden los procesos de participación social y toma de decisiones para colocar a los campesinos, indígenas y afromexicanos como sujetos activos de su propio desarrollo. Una decisión acertada de la 4ª Transformación ha sido no dar más concesiones a la minería a cielo abierto, al fracking, a los parques eólicos e implantaciones similares. Sin embargo, ésta no ha venido acompañada de reformas al artículo 27 constitucional y a sus leyes reglamentarias que den prioridad al uso territorial y el abasto de agua para el consumo humano, evitando los impactos ambientales y marginación social.
Finalmente, la Asociación Mexicana de Estudios Rurales como una asociación civil sin fines de lucro que tiene por objeto fomentar, difundir y profundizar la investigación y el conocimiento sobre el campo mexicano para contribuir al desarrollo rural nacional, se pronuncia por:
- La transformación y desarrollo nacional basados en el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas, campesinos y afromexicanos. Aspiramos a que la resolución de los conflictos territoriales y disputas sociales pueden dirimirse en un marco de respeto donde la voz de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas se escuche y tenga eco.
- El desarrollo del campo mexicano cimentado en el interés social, que considere la equidad, la justicia y la inclusión, como se estipula en los planteamientos del actual Plan Nacional de Desarrollo, sin imposición de proyectos y programas al margen de la participación y beneficios de la población.
- Que se legalicen y legitimen ante el poder ejecutivo y legislativo las aportaciones de los conocimientos tradicionales y las formas de organización comunitaria para hacer frente a las emergencias sanitarias y las contingencias ambientales.
- Apoyar la producción agroecológica de la milpa y comercialización de alimentos sanos en manos de campesinas y campesinos.
- Sistemas agroalimentarios comerciales y campesinos libres de pesticidas y de herbicidas de alta toxicidad para los seres humanos y el ambiente, como el glifosato, a partir de su prohibición gradual y eliminación completa en 2024.
- El aprovechamiento sustentable del agua, que asegure el derecho al agua de la población rural y favorezca su uso para la soberanía alimentaría de nuestro país. Detener la sobreexplotación de los acuíferos por corporaciones trasnacionales.
- Modificar las leyes reglamentarias del artículo 27 para impedir constitucionalmente las concesiones mineras, eólica, presas y similares a corporaciones nacionales y
- Políticas públicas regionales, integrales y democráticas, que favorezcan la inclusión y cohesión social, respetando la vocación productiva y manejo que la población local decide sobre sus territorios.
- Alto a la violencia de género, y protección de la vida de las mujeres y niñas indígenas y campesinas. Respeto a la diversidad sexual.
- No a la militarización de la vida social en el campo por parte del Estado.
- Alto a la violencia rural ejercida por el crimen organizado.
- Alto a la criminalización y asesinato de las y los luchadores sociales en defensa del territorio. Justicia para el líder yaqui Tomás Rojo recientemente asesinado.