En las últimas tres décadas, el campo mexicano ha sufrido una transformación sin precedentes. La apertura comercial y las políticas neoliberales de la década de 1990 implicaron el repliegue del Estado como garante de los derechos agrarios, la eliminación de subsidios y una mayor vulnerabilidad económica para las comunidades rurales. Estas políticas, centradas en generar un modelo agroexportador poco vinculado a las necesidades del país, redujeron la producción local de alimentos y obligaron a parte de la población rural a diversificar sus ocupaciones y migrar en su búsqueda por sobrevivir. A esto hemos de sumar la demanda global de materias primas, la cual ha tenido fuertes implicaciones socioambientales. La expansión de los monocultivos, la minería a cielo abierto, las megainfraestructuras, la explotación forestal y energética, así como la llegada de nuevas tecnologías, han ejercido una enorme presión sobre los ecosistemas, además de haber favorecido procesos de despojo, concentración de tierras y precarización del trabajo. Pero este ciclo de globalización parece haber alcanzado un punto de inflexión. Resultado de la pandemia del COVID-19 y del surgimiento de nuevas políticas nacionalistas en el mundo, hoy asistimos en México a una reconfiguración de las políticas públicas para el campo, orientadas a mitigar los impactos del neoliberalismo y puestas en práctica bajo el reciente influjo de la relocalización de las cadenas de valor o near-shoring. Estos fenómenos suceden, sin embargo, en territorios marcados por la presencia del crimen organizado, las violencias de género y la crisis climática, lo que ha producido importantes contradicciones.

Cabe advertir que comunidades, organizaciones y movimientos han jugado un papel importante en estos procesos de transformación estructural. Desde el levantamiento zapatista de 1994 ante la entrada en vigor del Tratado de Libre

Comercio, y que suscitó un importante debate internacional sobre el derecho y la autonomía de los pueblos indígenas, hasta las más recientes movilizaciones en defensa de la vida, sin obviar el papel jugado por las organizaciones corporativistas y sus demandas económicas, las intervenciones políticas desde el campo han sido diversas. Las ruralidades mexicanas han sido, y siguen siendo, espacios de construcción e innovación política. A lo largo de las últimas tres décadas, se han generado múltiples movimientos en defensa del territorio y los bienes comunes, se han promovido nuevas economías solidarias así como proyectos de agroecología y de soberanía alimentaria e, incluso, se ha experimentado con formas inéditas de preservar la vida humana y no humana, además de poner en práctica algunas propuestas que podrían constituir alternativas al modelo desarrollista impulsado desde el norte global. Aunque no todos han sido cambios positivos, como atestiguan los procesos de subalternización política en el campo, el arraigo de muchas economías ilegales y extractivas por la falta de oportunidades o la proliferación de múltiples grupos armados de autodefensa.

A más de 30 años de la creación de la Red Mexicana de Estudios Rurales que dio origen a la Asociación Mexicana de Estudios Rurales (AMER), este Congreso se propone como un espacio transdisciplinario para analizar, desde diversos ámbitos y perspectivas, las dinámicas, los desafíos y las oportunidades que enfrenta el campo mexicano en este momento de cambio geopolítico. Invitamos a reflexionar sobre las transformaciones del campo mexicano de las últimas tres décadas, los saberes y las experiencias de los actores rurales ante dichos cambios, así como sobre la situación del presente y las perspectivas a futuro a través de cinco ejes.

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